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El número de funcionarios en España ya es un 25% superior al de toda la industria

España titubea a la hora de coger la puerta de salida de la crisis. El Gobierno es un férreo defensor de una economía “más competitiva, más innovadora”, que conjugue altas dosis de progreso y productividad. Pero a la hora de comparar este modelo de crecimiento con la realidad saltan chispas. La primera descarga es ésta: el número de empleados públicos –el 85% funcionarios– supera en un 25% al total de efectivos que trabajan en la industria española.

La brecha comenzó a abrirse por primera vez a principios del pasado año, y desde entonces no ha parado de avanzar. Así, según revela la contabilidad nacional, el país albergaba a 3,1 millones de trabajadores públicos, frente a los 2,3 millones que cobija el macroparaguas industrial, un sector que mueve entorno al 15% del PIB. Este heterogéneo escaparate incluye a las actividades relacionadas con la alimentación y el tabaco; el textil y la confección; el refino, la metalúrgica y la química; la informática electrónica y la energía eléctrica, por citar algunos de sus baluartes.

Mes a mes, los expertos tratan de explicar la paradoja: desde el boom inmobiliario, las empresas han venido destruyendo empleo durante los últimos dieciocho meses. En concreto, el INE revela que el número de puestos de trabajo desaparecidos avanzó en el tercer trimestre un 8,8%, respecto a 2008. Si bien, al otro lado de la barrera el balance cambia: el conjunto de las Administraciones y empresas públicas siguieron generando empleos a un envidiable ritmo anual del 2,2%.

Buena parte del fenómeno se explica por el espectacular crecimiento de los aparatos autonómicos. Desde el servicio de estudios de la patronal de las ETT (Agett) destacan que en diez comunidades –excepto Asturias, Canarias, Cantabria, Madrid y Murcia– el número de reclutas públicos avanza con pies de plomo: 50.800 trabajadores nuevos en el último año –139 al día–, de los que el 77% está en posesión de un contrato temporal.

Los analistas llaman la atención de que son las comunidades con mayor paro las que se afanan en estirar su Administración. En Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña, que rondan el 20% de paro, los asalariados públicos crecen el doble que la media nacional, esto es, por encima del 9%, en términos anuales.

 
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