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La letra pequeña de la Ley Sostenible vuelve a dejar la morosidad sin control

El Gobierno ha dejado una amplia rendija en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) para perpetuar el drama de la morosidad comercial.

Pese a que uno de los objetivos principales de la norma es combatir la tardanza en el pago grandes compañías que contratan con pymes y autónomos, su redacción literal permite a las empresas contratantes seguir abonando sus facturas tan tarde como deseen. De aprobarse tal como quiere el Gobierno, la norma “fulminaría” el actual reglamento de facturación y legitimaría los múltiples ardides que usan las firmas dominantes para disparar su morosidad sin perjuicio, según los expertos en morosidad consultados por EXPANSIÓN. Es decir, podrían seguir financiándose a costa de sus proveedores.

El Anteproyecto de la norma trata, en primer plano, de reducir la morosidad comercial de las administraciones públicas a 30 días y la de las empresas a 60 días. Estas últimas podrán pactar una fecha distinta siempre que lo deseen, gracias a la cláusula “salvo pacto en contrario”, que permite a la empresa poderosa imponer un plazo al contratista. La LES le pone una salvedad: no podrá haber pacto con empresas de “reducido tamaño” (las que facturan menos de 8 millones de euros al año).

Pero el anteproyecto instaura, acto seguido, un antídoto legal para esa dosis de transparencia. Fuera del apartado dedicado a la “determinación del plazo de pago”, se ha colocado una interpretación que ha pasado desapercibida, pero que devuelve el poder a la gran empresa y anula los esfuerzos previos de lucha contra la morosidad: “Los proveedores, salvo pacto en contrario, deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios”. De nuevo el “pacto en contrario”, lo que permite a las empresas imponer un plazo más elevado de lo que marca la ley española y la Directiva 2000/35/CE.

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Examinando y cotejando esa letra pequeña con las normas a las que afecta, los expertos llegan a una conclusión: “Volveremos a estar igual o peor”, señala Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Si la norma avanza su tramitación parlamentaria con esta literalidad, todo el pretendido esfuerzo contra el impago de la ley sería vano, ya que las empresas grandes usarían masivamente esta vía de escapatoria, según los expertos. De hecho, sólo el 13% de las compañías de gran tamaño paga actualmente a tiempo sus facturas. “Que nadie nos venda que esta ley salva la morosidad”, añade el portavoz de la Plataforma, que representa a 1,5 millones de empresas y a 460.000 autónomos. “Vuelven a dejar una triquiñuela respecto a la fecha de facturación. El que contrata puede usar el pago para financiarse”.

Facturación
“Esta práctica es contraria al reglamento de facturación, que especifica [en el artículo 9] que se ha de facturar a 30 días o el día 16 del siguiente mes”, asegura Pere J. Brachfield, profesor de Finanzas de EAE Business School.

El Anteproyecto de la LES está aún en fase de consulta pública. Existe una vía para remediar los efectos perniciosos de dicha norma: la mayoría de las formaciones del Congreso está a favor de un proyecto de ley de CiU que lucha de forma más tajante contra el impago.

Si no prospera este cordón sanitario contra el PSOE (ver información de abajo), los plazos podrían empeorar: “Vamos a peor; se ponen los pelos de punta”, arguye Brachfield. “Lo que quieren recortar por un lado te lo quitan por el otro. Se van a colar los morosos por todos lados”, remata.

El 84% de las empresas obvia la ley anti impagos
La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad vive en el anonimato en pleno auge de los impagos. El 84% de las empresas o no la conoce o no la aplica a sabiendas. En concreto, el 56% no sabe de su existencia y el 28% no la usa, según una encuesta de la Plataforma contra la Morosidad. Litigar contra el sector público es lento y costoso, y hacerlo contra las empresas grandes supone el riesgo de perder al cliente. Si se cumpliese la ley y la media de pago fuera de 60 días en vez de los 98 actuales, las pymes ahorrarían 6.420 millones de euros al año en costes financieros.

 
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