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Hacienda movilizará 15.000 millones más para pagar retrasos a proveedores
■El objetivo es dejar el cajón de las Administraciones limpio de facturas ■Podría aprobarse sin un límite de presupuesto antes del 1 de agosto Poner el contador a cero. Este es el objetivo final que persigue el nuevo Plan de Pago a Proveedores que anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado martes y para lo que, en principio, el Gobierno debería movilizar entre 13.000 y 15.000 millones de euros. Sólo en facturas sanitarias y de limpieza las Administraciones Públicas adeudan más de 7.500 millones a sus proveedores. Esta horquilla presupuestaria, equivalente a 1,5 puntos de PIB, es la cifra a que tanto el Ejecutivo como las asociaciones empresariales y antimorosidad estiman que las Administraciones Públicas deben todavía a sus proveedores -sólo la deuda con los autónomos supera los 4.500 millones de euros- y que permitiría dejar vacíos de facturas todos los cajones. Con este fin, los responsables del Ministerio de Hacienda barajan, incluso, que el nuevo plan se apruebe sin marcar un presupuesto límite. La intención del Ejecutivo es que este nuevo instrumento para saldar las deudas de las Administraciones con los acreedores entre en vigor antes de las vacaciones de verano del mes de agosto, por lo que está previsto que se apruebe en Consejo de Ministros durante el mes de julio, con condiciones y requisitos similares a los del plan anterior. Este sería el segundo plan de pago a proveedores que ponga en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras los 27.000 millones que movilizó en 2012, que se elevaron en 2.684 millones tras la ampliación aprobada para 2013. El plazo para acogerse a esta última finalizó el pasado 1 de abril, y a la misma se permitía también acudir a los ayuntamientos del País Vasco y Navarra, excluidos de la primera fase, además de a las mancomunidades. Aunque este plan estaba destinado a liquidar las facturas pendientes anteriores al 1 de enero de 2012, desde el Gobierno del Estado se ha constatado que se ha vuelto a inflar otra burbuja de nuevos impagos que es preciso atajar antes de que explote. Además, en Hacienda son también conscientes de que el pasado 16 de marzo entró en vigor la nueva directiva antimorosidad de la CE, que obliga a las Administraciones Públicas a pagar sus deudas en un plazo máximo de 30 días, y que impone intereses de demora del 8 por ciento para los retrasos, lo que colocaría a muchas Administraciones locales españolas en una situación económica insostenible. Precisamente el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al anunciar la puesta en marcha del nuevo plan de pago a proveedores matizó que estará ligado al cumplimiento de la directiva de morosidad, que obliga a pagar a proveedores en menos de 30 días y que el objetivo será evitar la dilación en el pago de facturas por problemas de financiación, que acaban perjudicando negativamente a la imagen de España. Agilización de trámites El titular de Hacienda aseguró también que introducir un plazo de pago como el que fija la directiva dará fiabilidad al sector público español y que para hacer posible este nuevo plan deberá cambiarse la legislación, algo que , dijo textualmente, está "al alcance de la mano". Los datos que manejan tanto en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como en las organizaciones empresariales coinciden en destacar que el plan de 2012 tuvo consecuencias macroeconómicas importantes ya que permitió dotar de liquidez a más de 100.000 pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, y ayudó a mantener, al menos, 150.000 empleos de forma directa. Al margen del nuevo plan de pago, el departamento que dirige Cristóbal Montoro estudia la posibilidad de introducir algunas medidas complementarias encaminadas a agilizar los procedimientos de tramitación de las facturas desde que se recepciona por las Administraciones hasta que se recibe el visto bueno. Con ello se pretende adecuar lo máximo posible el plazo real de pago al plazo legal de 30 días, ya que estos no empiezan a contar hasta que no se ha reconocido efectivamente la factura. Otra de las posibles modificaciones que podrían introducirse, a propuesta de las organizaciones de pymes y del trabajo autónomo, es mejorar los controles para que la garantía de cobro de los contratistas sólo se haga efectiva cuando se haya pagado a los subcontratistas.
 
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